Bruselas alerta a España del alza de la desigualdad y la exclusión social

La Comisión avisa en su Informe España 2017, que presentará hoy, que “es vulnerable a ‘shocks’ en los mercados” y le pide mano dura con las comunidades

Bruselas 22 FEB 2017 - 07:24 CET

España mantiene una recuperación potente. Ha hecho reformas ambiciosas. Ha estabilizado su banca, reduce el paro, gana terreno en varios frentes. "Pero el legado de
la crisis no se ha superado totalmente y persisten desafíos significativos", ataca el Informe España 2017, que presenta este miércoles la Comisión Europea. La excesiva deuda y la frágil situación fiscal pasarán factura si vienen curvas, pero Bruselas alerta a España de los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, "entre los más elevados de la UE". Y de los problemas de un mercado de trabajo que, a pesar de la catarata de reformas, presenta una de las tasas de temporalidad más altas de los Veintiocho y arroja datos alarmantes: el 13,1% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. En el extenso informe, la Comisión revisa otros puntos débiles de España. Le recuerda que “es vulnerable a shocks en los mercados”, le afea que solo haya seguido tibiamente algunas de las recomendaciones de la Comisión y le pide mano dura con las comunidades.

La desigualdad es una de las grandes tendencias socioeconómicas de nuestro tiempo. Lo era antes de la crisis; lo sigue siendo pese a las promesas de refundación del capitalismo. Y España, a pesar de su notable mejoría macroeconómica, no sale bien parada cuando se atiende a esos indicadores. Hasta el punto de que el informe de la Comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sitúa la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social entre los grandes retos que encara la economía española en este décimo año de Gran Recesión. "La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue al alza", dispara Bruselas. El índice de Gini (uno de los indicadores estrella de desigualdad) está también "entre los más altos de la UE", antes y después de aplicar los efectos redistributivos de los impuestos y las transferencias sociales. La Comisión destaca incluso que la desigualdad en el acceso a la sanidad aumenta significativamente en lo que va de crisis. Y sigue al alza.

El Informe España 2017 subraya los incuestionables progresos de la economía en los tres últimos años de expansión, pero avisa de que eso no se traduce en una mejoría automática de los indicadores sociales. La economía crea empleo y reduce el paro con rapidez. Esos logros, sin embargo, "se han traducido en caídas mínimas de las tasas de pobreza y exclusión social", y solo a partir de 2015. El riesgo de pobreza está muy por encima de las cifras que se encontró Rajoy a su llegada a La Moncloa. Los niveles, siempre superiores a la media europea, son especialmente elevados en el caso de los niños y de las personas en edad de trabajar: Bruselas destaca el riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo.

Las razones que explican esos feos números son diversas. Bruselas subraya unos beneficios sociales "limitados" en relación a otros países, la "falta de coordinación" entre los servicios de empleo y sociales, un apoyo a las familias relativamente bajo respecto a los estándares europeos y, sobre todo, una tasa de temporalidad en el empleo que es la segunda peor de Europa y que no ha conseguido reducir la reforma laboral. "Los altos índices de contratos temporales" —el 27%, solo mejor que Grecia— "tienen consecuencias sociales negativas", "socavan el alza de la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas", en especial sobre la Seguridad Social, que lleva cinco años en rojo.

Bruselas dispara con varios datos que se atragantan por ese flanco. Uno de cada ocho trabajadores está en riesgo de pobreza. El 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión social; un tercio de los niños entran en esa categoría. Uno de cada cuatro contratos firmados en 2016 tuvo una duración inferior a siete días. Hay un "alto riesgo" de que el desempleo de larga duración se enquiste, y el paro juvenil sigue por encima del 40%. Ni la garantía juvenil ni la tarifa plana a los autónomos ni el resto de planes anunciados a bombo y platillo por el Gobierno (como el programa Prepara, que combate el paro de larga duración) han tenido un impacto significativo, a juicio de Bruselas.

Corrupción

España crece a tasas del 3%, pero las cicatrices de la Gran Crisis están ahí y, al margen de los riesgos económicos —que no han desaparecido— la foto fija que es el Informe España 2017 revela desafíos sobre la cohesión social. Paradójicamente, Bruselas aplaude la reforma laboral, pero a la vez critica sus efectos sobre la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. "El efecto redistributivo del sistema fiscal y de las transferencias sociales es menor que en la UE", añade la Comisión.

Puede que la crisis haya desaparecido de algunos radares, pero el malestar sigue ahí, en la desigualdad y en otros índices socioeconómicos. El malestar es profundo y
aparece incluso en algún otro asunto: al final del informe —de 72 páginas, nada menos— hay una referencia a la corrupción en términos poco elogiosos. "A pesar del aumento de las investigaciones no se han puesto en marcha estrategias preventivas". Los cambios legislativos de 2015, además, "limitan temporalmente las investigaciones y podrían provocar impunidad en los casos más complejos de corrupción", juzga la Comisión en una saeta digna del excelente Estudios del malestar, en el que el sociólogo José Luis Pardo explicaba hace poco la confusa metástasis política y social que aqueja a países como España.

“El país es vulnerable a ‘shocks’ en los mercados”

España sigue saliendo relativamente mal en el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, una parte del arsenal de Bruselas para controlar la evolución de las economías de la zona euro. La economía española sale señalada en siete indicadores: posición neta de inversión internacional; cuota de mercado de exportaciones; deuda privada; deuda pública; tasa de desempleo; paro de larga duración, y paro juvenil. La Comisión pone el acento en dos lastres: el desempleo y el alto nivel de endeudamiento. “La elevada deuda interna y externa, pública y privada constituye una vulnerabilidad significativa que expone a España a los shocks de los mercados, que podrían tener implicaciones sobre la economía real, especialmente en un contexto de muy alto desempleo”, concluye el análisis de Bruselas. Si la Gran Recesión reverdece y ofrece un nuevo capítulo, en fin, España está mal equipada. Y eso que la deuda privada ha bajado, y el superávit comercial ha reducido las vulnerabilidades exteriores. En cambio, la deuda pública se sitúa en torno al 100% del PIB y, pese a los anuncios del Gobierno, se resiste a bajar. No solo eso: la Comisión prevé que el endeudamiento público alcance el 110% del PIB en 2027. Bruselas sigue viendo riesgos sobre la mejora de la competitividad y sobre el flanco fiscal.

Mano dura con las autonomías y margen para subir el IVA

La Comisión fijó en 2011 recomendaciones a los socios para reducir sus desequilibrios. Casi nadie las sigue: Alemania ha elevado año tras año su superávit comercial hasta el 8,5% del PIB, pese a los continuos avisos. España siguió esas recomendaciones relativamente bien al principio, pero cumple menos desde 2014 “por la fatiga reformista”. Bruselas destaca “algunos progresos” en lo relativo al seguimiento de las reglas fiscales, aunque reclama al Ejecutivo central que aplique mano dura a los Gobiernos regionales en el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. “La cooperación de las comunidades es crítica para cumplir los objetivos fiscales”, dice Bruselas, “pero el uso limitado del brazo correctivo de la ley ha reducido los incentivos para una mayor disciplina fiscal”. La Comisión ve margen, además, para subir el IVA y los impuestos ambientales.

Bruselas apunta a “progresos limitados” en lo laboral, critica la falta de coordinación de los servicios sociales y la falta de avances en educación o I+D. Subraya los limitados progresos en la ley de unidad de mercado y en la reforma del sector comercial, por problemas en las autonomías. Y apunta que no ha habido “ningún avance” en la reforma de los servicios profesionales: en las profesiones reguladas, como los registradores de la propiedad.

FUENTE: EL PAÍS

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